CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de € de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.
Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.
Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.
En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas".
Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente".
Para ampliar la información, pulsar en el siguiente link: http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-03-27/bruselas-investiga-100-millones-de-presuntas-ayudas-ilegales-del-estado-a-las-mutuas_107810/
