El ministerio de Empleo ha suscrito con una compañía privada un seguro de asistencia jurídica para dar cobertura a los 6.400 empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que atienden en las ventanilla ante posibles agresiones de los parados. El coste de la póliza, que ha entrado en vigor a primeros de abril, es de unos 18.000 euros.
Aunque las incidencias han ido remitiendo en los últimos años, el ministerio ha decidido firmar esta póliza para facilitar a los trabajadores del antiguo Inem cualquier posible denuncia, su tramitación e incluso la reclamación por daños como consecuencia de la agresión.
Según Marian Almur, abogada de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), la mayoría de las agresiones son verbales, como insultos y amenazas, aunque también ha habido físicas. Y tienen que ver con la tramitación de solicitudes de prestaciones o subsidios cuando no son estos empleados quienes tienen potestad para autorizar o denegar el pago.
"La agresión más extendida ahora es la de filmar al funcionario con la cámara del móvil y amenazarle con difundir su imagen por las redes sociales o incluso la de difundir su domicilio y datos particulares obtenidos también mediante los buscadores de internet", asegura.
Almur recuerda algunos casos graves como la presencia de un trabajador en una oficina de Mieres (Asturias) con una lata de gasolina "diciendo que iba a quemar la oficina", así como las situaciones generadas por un trabajador que amenazó con encadenarse a una columna si no se le daba una prestación o la de uno que se presentó en una dependencia con un hacha en la mano.