CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
El Gobierno achaca a la "falta de coordinación eficaz" entre administraciones públicas y a otras "deficiencias internas" las irregularidades en la gestión de la incapacidad temporal detectadas por el Tribunal de Cuentas, y exime de toda responsabilidad en este sentido tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por las medidas de control que se adoptarán para atajar la "gestión mala e ineficaz de los procesos de bajas e incapacidades por parte de las Mutuas", después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que se cifra en 1.185 millones de € el gasto indebido que la Seguridad Social sufrió entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que "la Seguridad Social no hace responsables a los trabajadores de las deficiencias de control que podrían existir sobre los procesos de incapacidad", porque esa función no recae sobre ellos y porque el propio Tribunal de Cuentas se refiere "fundamentalmente al control informático de la información" como punto generador del problema.
"Las deficiencias señaladas en el informe (del organismo cuestionan ni insinúan que la entidad gestora del proceso se haya abstenido de desarrollar sus funciones. Tampoco atribuye a los trabajadores la responsabilidad de aquellos procesos de duración excesiva", afirma el Ejecutivo, que subraya que de hecho son los trabajadores los que "soportan las consecuencias" de las deficiencias.
A renglón seguido, recuerda que "en todo momento" se ha reconocido que las irregularidades se originan "principalmente por una falta de coordinación eficaz entre las administraciones públicas o por deficiencias en la gestión interna de las funciones sanitarias".
Unos problemas que la Seguridad Social "pretende corregir" mediante el proyecto de ley de Mutuas y el decreto de incapacidad temporal, aprobado el pasado 18 de julio por el Consejo de Ministros, donde se introducen medidas que "elevarán los niveles de coordinación entre los agentes implicados y de transparencia y eficacia a favor de los ciudadanos".
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