CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha editado un documento titulado 'Guía para una correcta gestión del fibrocemento', cuyo autor es el técnico en Prevención de Riesgos Laborales del IAA, Fernando de Benavides Añón.
La guía se centra sobre todo en dar algunas ideas básicas sobre este material y en detallar las diferentes responsabilidades que hay ante él que "debe ser considerado como residuo peligroso", ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Al respecto, el documento precisa que el fibrocemento "está mucho más presente de lo que nos podemos imaginar" y, por ejemplo, los depósitos de agua y las redes de abastecimiento están hechas de fibrocemento.
Este material está constituido básicamente por un cemento que se reforzaba con fibras para darle mayor capacidad mecánica. Cuando se fractura se liberan fibras de amianto que, por su poca densidad, quedan suspendidas en el aire y pueden penetrar a través de nuestro sistema respiratorio, han apuntado las mismas fuentes.
El fibrocemento se utilizó en su momento porque las placas de fibrocemento, al añadirle amianto, resultaban impermeables, eran fáciles de cortar y de perforar, eran bastante estables químicamente, ligeras y de coste bajo.
El Instituto Aragonés del Agua ha incidido en el carácter de residuo peligroso del fibrocemento. Esto supone que los titulares de la instalación, los ayuntamientos en el caso de los depósitos de agua y las redes de abastecimiento, "han de asegurar que a quienes encarguen proyectos o trabajos con fibrocemento demuestren la correcta gestión del mismo".
Además, los proyectistas tienen la obligación de tener en cuenta la reglamentación existente y las empresas contratistas no pueden trabajar con fibrocemento, si no tienen la acreditación necesaria, y están obligadas a que las subcontratas se realicen a empresas autorizadas para trabajar con fibrocemento.
En la guía, el Instituto Aragonés del Agua ha recalcado que la Constitución Española, en su artículo 40.2., hace un mandato explícito a los poderes públicos para velar por la seguridad y la higiene laboral por lo que todas las Administraciones públicas están especialmente obligadas en el campo de la prevención de riesgos laborales.
Igualmente, el IAA ha indicado que la ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce la protección en el trabajo como un derecho de los trabajadores y por eso "no se puede mandar a un trabajador a realizar un trabajo sin haber sido evaluados sus riesgos y sin haberle informado de los mismos".
