CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
La reciente aprobación definitiva de la Ley de Mutuas prevé poner el colofón al intento del Gobierno por reducir el gasto en incapacidad temporal (IT), más popularmente conocido como bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social (que incluyen a trabajadores del sector público y privado) avalan que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Con los últimos datos publicados, Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.
El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector público, el retroceso fue del 14,11% anual.
¿Qué factores explican este descenso en el gasto? Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha provocado. Al haber menos trabajadores con empleo, se registran menos procesos de incapacidad temporal. A esta circunstancia, desde 2012 se le añade la cuestión económica.
El Gobierno aprobó en esa fecha cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año. Fuentes del Ejecutivo reconocían en privado que aunque solo con las cifras era difícil de demostrar, había fundadas sospechas de que algunas de esas bajas cortas eran fraudulentas.
De ese modo, a partir de esa fecha, los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.
Así, en la duración media de los procesos se puede comprobar cómo ha pasado de 47,7 días antes de la crisis (años 2006) a 37,7 días al cierre de 2014. El número medio mensual de procesos iniciados también se está recortando, desde los 483.011 registrados en 2007 hasta los 271.402 del año pasado (sin duda cifras influidas por el descenso en el número de ocupados). Otro de los indicadores que precisamente filtra ese factor es el que mide la incidencia de las bajas por cada 1.000 trabajadores. Antes de la recesión era de 30,9 y en 2014 disminuyó hasta 18,8.
