Las actuaciones contra el fraude laboral y el empleo irregular han hecho aflorar 11.343 millones de euros entre 2012 y 2014, según ha dicho hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las actuaciones realizadas en el citado trienio han hecho aflorar también 252.000 empleos y han servido para descubrir más de 103.000 altas ficticias (altas a la Seguridad Social que no correspondían a un verdadero contrato de trabajo), ha dicho la vicepresidenta.
El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que persigue modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y generar nuevas dinámicas en la lucha contra la siniestralidad laboral y en garantía de la seguridad en el trabajo.
En este sentido, ha anunciado que la norma prevé la creación de un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de seguridad y salud laboral.
"Junto a la lucha contra el fraude, se busca mejorar la seguridad y salud en trabajo", ha dicho la vicepresidenta, y para ello aumentarán los recursos y especialización destinados a la prevención de riesgos laborales y lucha contra la siniestralidad.
Este anteproyecto de Ley prevé también la creación de una nueva oficina nacional de lucha contra el fraude que se dedicará a su detección, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
Esta oficina dependerá de la inspección de trabajo, que será constituida como un organismo autónomo de nueva creación adscrito al Ministerio de Empleo y que dará servicios a las CCAA y la Administración del Estado.
En este organismo, ha añadido Sáenz de Santamaría, se da mayor participación en la definición del funcionamiento y de los objetivos a CCAA, que estarán representadas su consejo rector, y a los agentes sociales.