El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para actualizar la actual normativa, que data de 1997.
La nueva norma es una de las reformas anunciadas por el Presidente del Gobierno en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, y está incluida en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio. La futura Ley forma parte también del Programa Nacional de Reformas presentando a las instituciones europeas y del Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA).
Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección.
Junto a ello, la futura ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ven potenciadas a través de varias vías:
¿Consagrando un modelo generalista de Inspección, más eficiente y con procedimientos de actuación simplificados.
¿Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones con los trabajadores y empresas.
¿Reforzando la independencia técnica del personal inspector.
A fin de mejorar la eficacia de las actuaciones contra el fraude laboral, se creará dentro del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
De esta Oficina formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
De esta manera, se pretende mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y se permite una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva Oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la Unión Europea.
Tras la presentación del Informe, el Anteproyecto de Ley será objeto de dictamen por el Consejo Económico y Social en el plazo de diez días, y será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas de manera definitiva.