El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se creará una nueva oficina de lucha contra el fraude para detectarlo y programar y ejecutar actuaciones inspectoras.
El proyecto de ley, que viene a reforzar la lucha contra el fraude en el ámbito laboral y en materia de Seguridad Social, se remitirá ahora a las Cortes Generales, después de haber recibido la evaluación del Consejo Económico y Social (CES) en un informe, cuyas mejoras técnicas se han incorporado al texto.
El Gobierno “confía en conseguir el máximo consenso posible con los grupos parlamentarios” durante la tramitación del proyecto de ley, ha explicado el Ministerio de Empleo en un comunicado.
Esto, ha añadido, “resulta particularmente oportuno para asegurar la necesaria estabilidad institucional sobre la organización y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo”.
Según ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este proyecto de ley configura la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un organismo autónomo de nueva creación, que estará adscrito al Ministerio de Empleo y que prestará servicios a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas.
Dentro de este organismo autónomo estará la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, de la que “formarán parte todos los organismos implicados en esa lucha”, ha señalado la vicepresidenta.
Asimismo, el proyecto de ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral.
Con este objetivo, se creará un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de Seguridad y Salud Laboral, debido a la necesaria especialización técnica, ha explicado Sáenz de Santamaría.
“Con este proyecto de ley damos un paso importante hacia un nuevo modelo de organización de la inspección de trabajo y seguridad social, basado en el fortalecimiento institucional y una mayor participación de las CCAA y de los agentes sociales en la planificación de las tareas de la inspección”, ha señalado.
Para la vicepresidenta, este modelo fomentará la coordinación y la eficacia, teniendo en cuenta la realidad actual de las relaciones laborales, del mercado de trabajo en España y estará al servicio de la estabilidad, la calidad y la seguridad.