“El tejido empresarial granadino ha hecho suyo el lema de que invertir en seguridad laboral es invertir en el bienestar de sus trabajadores y de su empresa”. Con estas palabras ha valorado el delegado territorial de Economía, José Antonio Aparicio, las últimas cifras proporcionadas por pequeñas empresas y autónomos de la provincia, que prevén invertir el próximo curso más de 7,6 millones de euros en medidas de mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en sus centros de trabajo.
Según ha informado el delegado, un total de 532 empresas de Granada han concurrido a la convocatoria de la nueva línea de incentivos de la Consejería de Economía en materia de prevención de riesgos laborales. “Las solicitudes de nuestra provincia duplican a las de cualquier otra andaluza, lo que demuestra que en Granada hay una conciencia real sobre los beneficios que, a todos los niveles, reporta invertir en seguridad laboral”. Tal es así, que una de cada tres solicitudes de ayudas recibidas por la Consejería proceden de Granada (532), a la que le siguen de lejos Málaga (268) y Sevilla (262). En total, las pymes y autónomos granadinos prevén invertir 7.603.289,13 euros en diferentes medidas, para lo que han solicitado unas ayudas que en su conjunto alcanzan los 5.052.089 euros.
La nueva línea de incentivos, que incluye tanto los proyectos de mejora como la compra o renovación de equipos de seguridad laboral, cubre el 75% de la inversión. Se trata de una de las principales novedades de esta nueva convocatoria, pues la cobertura de las anteriores alcanzaba sólo hasta el 50% de la inversión de los proyectos empresariales en materia de prevención de riesgos. La cuantía de las subvenciones oscila entre los 1.500 euros y los 18.000 euros en incentivos
El delegado de Economía ha recordado que la nueva orden también incorpora como novedad la prioridad de aquellas solicitudes presentadas para proyectos de mejora de la protección en los casos de exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); para el control del ruido en la industria de la madera o para implantar dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria.
Igualmente, son considerados prioritarios los proyectos de ergonomía participativa (estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo) o de mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.