CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
El Gobierno ha propuesto que las empresas con baja siniestralidad puedan optar a una rebaja del 5% el primer año y del 10% en los siguientes en el pago de las cotizaciones por contingencias profesionales en el marco del desarrollo de un Real Decreto para mejorar incentivos a empresas sensibilizadas con la siniestralidad según se contempla en la Ley de Mutuas.
La propuesta ha sido trasladada a los agentes sociales. Según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el objetivo es simplicar el proceso de solicitud y agilizar el reconocimiento y el abono del incentivo de las primas. Además, añade que se contempla eximir a la empresa de recabar la documentación que ya obre en poder de la administración, para reducir las cargas administrativas. También aboga por fijar un plazo cerrado para emitir la primera resolución del expediente.
El procedimiento para optar a estos incentivos tendrá en cuenta que el centro tenga unos índices de siniestralidad inferiores a los que se establezcan anualmente, ganando en objetividad. Se elimina la obligación de invertir en instalaciones y procesos en materia de prevención de riesgos laborales o de presentar una auto declaración firmada sobre la realización de actividades preventivas.
El Ministerio explica que este modelo se centra en la atención de resultados, es decir, que se constate una reducción real de la siniestralidad laboral. La financiación de la reducción estará vinculada a un máximo del 5% del saldo del Fondo de Contingencias Profesionales, aunque el porcentaje ya no será de aplicación a cada una de las mutuas en proporción a su contribución a la formación de este saldo
Podrán ser beneficiarias todas las empresas que coticen por contingencias profesionales, tanto si están cubiertas por una entidad gestora como por una mutua, que no hayan rebasado los límites que se establezcan respecto de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema que anualmente se fijen.
Los mencionados límites se adaptarán a las circunstancias propias de cada actividad económica de modo que se promueva el acceso al incentivo a aquellas actividades con mayor riesgo para mejorar la prevención allí donde sea más necesaria. Las compañías beneficiarias deberán estar al corriente de pago y no haber sido sancionadas en materia de prevención de riesgos o de Seguridad Social.
