La Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada ha aprobado una partida de casi un millón de euros para ayudas que se destinarán a la mejora de la seguridad y salud laboral en negocios de 91 pequeñas y medianas empresas así como de autónomos en la provincia.
Según informó ayer el delegado provincial, Juan José Martín Arcos, en total se han aprobado 91 proyectos de empresas que han concurrido a la nueva línea de incentivos de la Consejería de Empleo dirigida a pymes y autónomos para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales. Martín Arcos recordó que la nueva línea de incentivos, que incluye tanto los proyectos de mejora como la compra o renovación de equipos de seguridad laboral, cubre el 75% de la inversión y se trata de una de las principales novedades de esta nueva convocatoria, pues la cobertura de las anteriores alcanzaba sólo hasta el 50% de la inversión de los proyectos empresariales en materia de prevención de riesgos.
La cuantía de las subvenciones oscila entre los 1.500 y los 18.000 euros en incentivos y así, la delegación de Economía y Empleo ha concedido un importe total de 913.105 euros que se destinarán, en la mayoría de los casos, a la adquisición de maquinaria (atomizadores, desbrozadoras o cabezas vibradoras) así como la renovación de otros equipos agrícolas o la mejora de las condiciones para la adecuación de los puestos de trabajo a las normas de salud laboral.
Martín Arcos subrayó que en las valoraciones de las solicitudes, que han sido resueltas en régimen de concurrencia competitiva, han sido priorizados los proyectos de mejora de la protección en los casos de exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); para el control del ruido en la industria de la madera o para implantar dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria y también los proyectos de ergonomía participativa (estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo) o de mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.
Las empresas tienen un plazo de nueve meses para ejecutar los proyectos a partir de la publicación de las resoluciones, que ya han sido comunicadas a sus beneficiarios.