El Ejecutivo ha decidido hacer frente al absentismo laboral, una lacra que tuvo un coste en nuestro país de 64.000 millones de euros en 2010, según fuentes empresariales. Para ello, está actuando en dos frentes: por un lado, ha modificado, a través de la recientemente aprobada reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores para vincular las faltas de asistencia al trabajo al ámbito individual de cada empleado, eliminando la referencia a la media de la plantilla; por otro, modificará la ley de las mutuas de accidentes de trabajo para darles más poder en el control de las bajas, e incluso se está planteando que puedan llegar a dar las altas médicas.
Esta facultad ha sido y es motivo de un grave desencuentro entre los empresarios y los sindicatos. Los primeros entienden que si las mutuas controlaran las bajas de los trabajadores, desde su inicio y hasta el final, se acabaría con el absentismo injustificado, que supone entre el 20 y el 30% del total, lo que equivale aproximadamente al 1,5% del PIB. Hay que subrayar que en 2010 faltaron cada día a su puesto de trabajo un millón de personas por enfermedades comunes y accidentes no laborales. Además, afirman que los procesos gestionados por las mutuas son un 35% más cortos en el tiempo que los que lleva la Seguridad Social. Los sindicatos, sin embargo, entienden que la intención del Gobierno supone una «persecución» hacia los empleados y que «pagarían justos por pecadores».