El Gobierno y su 'tijeretazo' han puesto en pie de guerra a los funcionarios. Este sector se ha convertido en protagonista de buena parte de los recortes anunciados el pasado viernes y que hoy jueves tendrán luz verde en el Congreso de los Diputados. Estos ajustes pretenden equiparar al sector público con el privado y evitar algunos desmanes que se venían produciendo en los últimos años. Uno de ellos es el de las bajas fraudulentas de los empleados públicos. Según los informes que maneja el ministerio de Trabajo, 1 de cada 3 trabajadores que argumentan causas médicas para no acudir a su puesto lo hace de manera fraudulenta. Así lo revela el diario ABC. Ambos rotativos sacan a la luz las cifras del estudio que, desde 2010 (con el PSOE todavía en el poder) han realizado la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Ambos organismos comenzaron a realizar controles periódicos con mayor insistencia para detectar casos en los que los funcionarios habían solicitado la baja sin estar enfermos y, por lo tanto, reducir los gastos que para el Estado suponía tener a esos empleados 'tramposos' sin trabajar. El espectro de estas investigaciones se centraron en trabajadores que superasen los 20 días de baja y que, por tanto, entraban en situación de incapacidad laboral. Las conclusiones, tras dos años, son las siguientes:
Más allá de estas 4 conclusiones, los informes de MUFACE y el INSS concluyen que la mayoría de estas bajas fraudulentas están avivadas por el Regimen Especial de la Seguridad Social en el que cotizan los funcionarios. Ellos, al contrario que los trabajadores del sector privado, reciben el salario íntegro durante los primeros 20 días de baja. Los empleados que cotizan en el Regimen General de la Seguridad social ven reducida esta remuneración.