El Gobierno ha prohibido a las mutuas de accidentes que operan en Catalunya coordinar con la Generalitat sus actividades de prevención en el ámbito del trabajo, y en el caso de que estas entidades incumplan la resolución serán sancionadas, algo que se sufragará con dinero de la Seguridad Social, ha explicado en rueda de prensa el director general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo del Govern, Ramon Bonastre.
“No sólo es una medida de deslealtad institucional, sino de ilegalidad”, ha sostenido Bonastre, quien ha reconocido que la Generalitat aspira a gestionar las cuotas de empresas y trabajadores, si bien no tiene esta competencia, pero sí la de coordinar con las mutuas la actividad de prevención de accidentes laborales.
Lo que hacía el Govern hasta el momento era analizar la siniestralidad por sectores y regiones catalanas para trasladar a las mutuas los aspectos y perfiles en los que debía incidir en materia de prevención una vez analizaba sus planes anuales y, por lo tanto, les indicaba en qué debían invertir los fondos que el Estado les autorizaba gastar en esta materia.
Según datos de 2010, las mutuas gestionan en el conjunto de España 10.000 millones de euros, y Catalunya representa un 33% de esta cifra, unos 3.300 millones, aproximadamente.
“No entramos en la caja única, lo que queremos es saber lo que hará cada mutua en el ámbito preventivo para reducir la siniestralidad”, ha aclarado Bonastre.
Desde el Govern no se entiende la resolución del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues no prohíbe a las mutuas gastar los fondos que les han sido autorizados, sino la colaboración con la Generalitat en esta materia, ha explicado Bonastre: “Es una cuestión de competencias, no de dinero”.
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