Zaragoza es, según la FEMP, un "ejemplo de planificación contra la contaminación acústica". El ayuntamiento zaragozano ha puesto en marcha un plan de acción contra el ruido 2010-2015 para reducir el actual impacto acústico y mantener las "zonas tranquilas" del municipio: La desembocadura del río Gállego, Pinares de Venecia, los parques de José Antonio Labordeta y Oliver y el Galacho de Julisbol. Según fuentes municipales, aunque el tráfico es, en este caso, el que genera los mayores impactos, la calidad ambiental vinculada al ruido está en la media europea y el 79% de la población no tiene problemas de exposición de manera permanente.
En Barcelona, por primera vez, cuarenta promotores ambientales llevan consigo un sonómetro para medir "in situ" el ruido emitido por los usuarios de los espacios públicos y concienciar sobre el derecho al descanso de los vecinos. El ayuntamiento de la ciudad condal ha puesto en marcha esta medida en el marco del "Plan Silencio" para reducir el ruido de ocio nocturno en la ciudad y con la pretensión de llegar al menos a 700 establecimientos de todos los distritos.
En Madrid, el reciente Plan aprobado contra la contaminación acústica en el distrito centro habilita al Gobierno a adelantar el horario de cierre a los locales de ocio potencialmente más molestos (como discotecas, salas de fiesta y bares de copas). Sin embargo, el ayuntamiento ha renunciado finalmente a retrasar una hora la apertura de los locales más ruidosos, tras las alegaciones presentadas al Plan por la Plataforma empresarial del ocio de Madrid, que llegó a pronosticar que medidas como ésta causarían el cierre de 1.500 empresas en dos años.
En Sevilla, la aplicación de normativas contra el ruido está paralizada desde finales de 2010 tras rechazar la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) el reglamento contra la contaminación acústica aprobado semanas antes por la Junta de Andalucía. El presidente de la FAMP sostiene que este reglamento invade competencias de los ayuntamientos recogidas en la Ley de Autonomía Local. La falta de negociación mantiene paralizada la aplicación de la norma a pesar de que el ruido es la primera queja ambiental de los andaluces residentes en ciudades, según el Ecobarómetro de Andalucía. Recientemente, la Defensora del Pueblo pidió a la FEMP que promoviera una campaña anti-ruido a nivel nacional. Ante esta petición, la FEMP ha perfilado un plan de trabajo que, entre otros puntos, recomienda a los cuerpos de policía local que realicen campañas de control y vigilancia de vehículos y actividades potencialmente contaminantes.
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