Ninguna consejería de la Junta de Andalucía cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales en sus sedes, a pesar de estar obligado a ello desde hace quince años, esto es, desde que se aprobó el Real Decreto 39/97 que regula esta cuestión. Así lo pone de manifiesto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía en un escrito fechado el 2 de mayo de 2012 en respuesta a trece denuncias de CC. OO. y que, sorprendentemente, este sindicato no ha hecho público.
El hecho es aún más llamativo por cuanto las denuncias señalaban «graves incumplimientos», como no realizar pruebas periódicas de salud a los trabajadores o no disponer de planes de emergencia y evaluación en los centros de trabajo de la administración.
Este incumplimiento por parte de la Junta en sus propias sedes contrasta con el hecho de que el último Consejo de Gobierno aprobara reforzar la Inspección de Trabajo en, entre otras cuestiones, la seguridad laboral, con 22.056 actuaciones en el bloque de prevención de riesgos.
A pesar del celo puesto en inspeccionar las condiciones del trabajo por cuenta ajena, la Junta sigue sin cumplir con la Ley de prevención de riesgos laborales, como han denunciado repetidamente en los últimos años los sindicatos. De hecho, si estas infracciones repetidas las hiciera una empresa privada, según la normativa, se podría proceder a su cierre, algo que no sucede con las administraciones públicas a las que la Inspección de Trabajo hace «propuestas de requerimiento» para que subsanen estas carencias. Estas medidas correctoras son precisamente las que propone la Inspección a todas las consejerías, incluida, Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que es la que tiene las transferencias en esta materia.