CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
El gasto en prestaciones por incapacidad temporal (5.830 millones previstos en 2013) –que se destina fundamentalmente a pagar a los trabajadores las bajas laborales por enfermedad– lleva varios años bajo control. Con descensos interanuales incluso superiores al 10%. Sin embargo, el Gobierno quiere acotar este gasto, introduciendo cambios en la futura ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, en cierta forma, dará más poder a los facultativos de estas entidades a la hora de gestionar estos procesos de baja, según fuentes conocedoras de la intención del Gobierno.
Se tratará de incluir “mejoras burocráticas”, que en ningún caso incluirán la principal demanda de las mutuas: que sus facultativos puedan dar el alta médica de los trabajadores en los procesos de baja por enfermedad común (en la actualidad solo pueden dictaminarla en las bajas por un accidente laboral o enfermedad profesional reconocida). Pese a que, según distintos responsables de las mutuas fue la propia Ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que prometió públicamente a estas entidades, ante la Junta Directiva de la patronal CEOE, que cambiaría la ley para permitirles dar todas las altas, esto ha quedado totalmente descartado.
A cambio, la norma sí incluiría las citadas mejoras burocráticas. Uno de estos cambios podría no caer bien entre muchos facultativos del sistema público de salud, por cuanto les supondrá más trabajo y más responsabilidad sobre sus decisiones en materia de bajas laborales. Se está pensando en ampliar la rendición de cuentas por parte de los médicos de cabecera y especialistas del sistema público a la hora de rechazar las propuestas de alta que les hacen los facultativos de las mutuas. Ahora, si a un médico de cabecera o a un especialista de los servicios regionales de salud le llega de una mutua una propuesta de alta de un trabajador de baja por una enfermedad común, tienen 10 días para confirmar, denegar o guardar silencio sobre esa propuesta. Lo normal es que opere el silencio administrativo y si el médico de la sanidad pública no contesta, seguirá de baja. Esto es precisamente con lo que quieren acabar los responsables de la Seguridad Social: su intención es obligar a los facultativos del sistema público a considerar y justificar, en mayor medida, porqué rechazan la propuesta de alta de la mutua.
No hay estadísticas oficiales, si bien se manejan datos que indican que las mutuas proponen más de 140.000 altas cada año y como mínimo hay cerca de un 60% que “se quedan en el cajón” y ni siquiera se evalúan, según fuentes de la gestión sanitaria. El Gobierno también podría estar estudiando acortar el plazo de 10 días en los que los médicos del sistema público deben contestar a las mutuas. También barajan, que la mutua pueda sustituir el actual parte de confirmación de bajas cada 7 días, por su propio calendario de partes de confirmación en función de cada dolencia.
