Hay una partida de gasto en el presupuesto de la Seguridad Social que es poco conocida por el ciudadano pero que, sin duda, puede afectarle mucho, aunque no lo sepa. Se trata de unos convenios de colaboración con las comunidades autónomas, que incluyen una inversión anual de unos 300 millones de € para que los servicios regionales de salud controlen más el gasto en incapacidad temporal (IT), las comúnmente conocidas como bajas laborales.
Así, según estos convenios, los responsables de la gestión sanitaria de la mayoría de las comunidades autónomas –salvo el País Vasco y Navarra– reciben cada año desde 2006, un paquete de incentivos que reparten, en cada caso según sus criterios, entre los gestores y facultativos sanitarios, para mantener bajo control el gasto en prestaciones de incapacidad temporal. Se trata, en cierta forma, de premiar a los médicos y gestores que menos bajas den y menor duración registren, así como de “modernizar” los sistemas de control de esta prestación.
Nueve años después se plantea la cuestión de si este tipo de incentivos son efectivos. Según las cifras estadísticas, podría decirse que sí han logrado reducir el número medio de procesos de IT y su incidencia. Esto ha repercutido en un menor gasto, como era de esperar, si bien el volumen de ahorro de gasto es incluso algo inferior al dinero público invertido en los incentivos para su control. Coloquialmente se podría decir que casi ha salido lo comido por lo servido.
Así, cuando estos convenios empezaron a financiarse con unos 300 millones de € anuales en 2006, el número medio de días de duración de una baja por enfermedad común (sin contar las provocadas por un accidente laboral) era de 37,5 días para el total del sistema, independientemente de si la entidad gestora era el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) o las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Aquel año, se registraban alrededor de 30 procesos de baja por cada 1.000 asalariados que cotizaban por contingencias comunes.
Hoy en día, los datos acumulados hasta el mes de julio reducen el número medio de días de una baja por enfermedad común a 35,5 días, dos menos que en 2007. Y, sobre todo, se ha reducido 19,8 procesos de baja por cada 1.000 empleados protegidos por esta prestación, lo que supone diez trabajadores menos de baja por cada millar.
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