CóRDOBA
CECO.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Contacto:
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 47 84 43 - 957 49 71 11
Fax: 957 47 88 19
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
JAÉN
CEJ.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ)
Contacto:
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta, 23003 - Jaén
Telfs.: 953 29 40 22
Fax: 953 29 40 24
E-mail: cej@cea.es
www.cej.es
GRANADA
CGE.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Contacto:
Maestro Montero, 23, 18004 - Granada
Telfs.: 958 53 50 41
Fax: 958 53 50 42
E-mail: cge@cea.es
www.cge.es
ALMERÍA
ASEMPAL.
Unidad Territorial de PRL
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
Contacto:
Paseo de Almería, 69 7ª Planta, 04001 - Almería
Telfs.: 950 62 10 80
Fax: 950 62 13 02
E-mail: asempal@asempal.es
www.asempal.es
MáLAGA
CEM.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Contacto:
San Lorenzo, 20, 29001 - Málaga
Telfs.: 952 06 06 23
Fax: 952 06 01 40
E-mail: info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
CEA.
Departamento de Relaciones Laborales.
Técnico responsable: Lola Gessa.
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Contacto:.
Calle Arquímedes, 2 - Isla de la Cartuja, 41092 - Sevilla
Telfs.: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
E-mail: lgessa@cea.es
www.cea.es
CES.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Contacto:
Avenida de la República Argentina, 25 4ª Planta, 41011 - Sevilla
Telfs.: 95 499 11 00
Fax: 95 499 11 02
E-mail: info@cesevilla.es
www.cesevilla.es
CáDIZ
CEC.
Unidad Territorial de PRL
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC)
Contacto:
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
Telfs.: 956 29 09 19
Fax: 956 29 09 50
E-mail: info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
HUELVA
FOE.
Unidad Territorial de PRL
Federación Onubense de Empresarios (FOE)
Contacto:
Centro de Cooperación Andalucía Algarve - Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 - Huelva
Telfs.: 902 575 200
Fax: 902 575 202
E-mail: info@foe.es
www.foe.es
El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de ley de mutuas, una norma con la que, por un lado, pretende frenar el fraude en las bajas laborales y, por otro, introducir altas dosis de transparencia en unos organismos que gestionan, entre contingencias profesionales y prestaciones económicas, en torno a los 12.000 millones de euros de fondos públicos, lo que supone más del 1% del PIB.
El absentismo laboral se ha convertido en un grave problema para la economía española, que cobra especial relevancia en un momento de crisis económica como el actual, en el que ahorrar recursos es crucial para la Seguridad Social, que sigue perdiendo afiliados, aunque ya sea a menor ritmo. Como referencia, recordar que en 2011 faltaron cada día a su empleo por estar de baja por enfermedad común o accidente no laboral 1.005.800 trabajadores. Entre bajas por enfermedad común y enfermedades profesionales el Gobierno tiene previsto gastar el año próximo casi 5.000 millones de euros. Con la norma, el Ejecutivo pretende reforzar el papel de las mutuas en el control del absentismo.
Como entidades colaboradoras de la Seguridad Social que son y, por tanto, parte del sector público, la idea del Ejecutivo es que estén sometidas a los mismos criterios de austeridad. Así, los sueldos de sus directivos estarán controlados, al igual que su gestión y serán responsables patrimoniales de sus actividades, según las fuentes consultadas por ABC.
Asimismo, la norma facilitará que las comunidades autónomas que tienen competencias en sanidad firmen convenios de colaboración con las mutuas para mejorar el servicio sanitario.
Estas mismas fuentes explicaron que sindicatos, empresarios y autónomos tendrán un papel activo en este mayor control al que quiere someter el Ejecutivo a las mutuas. Su presencia está asegurada en los órganos de gestión y control. La nueva norma dedicará también atención al mal funcionamiento que tiene en la actualidad la figura del cese de actividad para los autónomos, lo que provocó que solo 19% de las solicitudes presentadas en el último año para recibir esta prestación fuera concedida. La dificultad que este colectivo tiene para poder acreditar sus pérdidas está detrás de este problema.
