El Gobierno aspira a integrar las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las comunidades autónomas antes de que concluya el año 2014, lo que le obligará a elaborar y aprobar una nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Así se recoge en el balance elaborado en noviembre de 2013 por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) sobre las medidas adoptadas para eliminar duplicidades administrativas, con una estimación de ahorro de 2,6 millones de € para el Estado y de 255.013 € para las comunidades autónomas en los tres primeros años de actuación.
Los objetivos de la medida son:
Se logrará un fortalecimiento institucional de la ITSS; una unidad en la actividad inspectora en las CC.AA.; contribuir a la garantía de la unidad de mercado y lograr la adecuación entre la función a desarrollar y las características del Cuerpo de funcionarios.
Con ello, se persigue la atribución de competencias inspectoras sobre empresas de ámbito nacional a una unidad especial adscrita a la Autoridad Central; el control la Inspección de los planes territoriales y generales de objetivos; la creación de una delegación de la Dirección Especial en Cataluña y País Vasco que se encargaría del control de las grandes empresas.
Se calcula en 10 meses el plazo para la tramitación y aprobación de la nueva Ley y en 8 el despliegue de las medidas organizativas, delegaciones de la Dirección Especial, y creación de Unidad de Alta Inspección. En este tiempo se pretende acabar con la actual escisión de la función pública inspectora en órganos autonómicos y estatales y con la parcelación en el ejercicio de la función inspectora. También, se trata de poner coto a que los inspectores realicen funciones de inspección que podrían ser desarrolladas, en parte, por subinspectores.